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49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Diálogo interactivo sobre el informe de la Alta Comisionada sobre Belarús


Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

17 de marzo de 2022 

Distinguido Presidente,
Excelencias, 

Tal como se solicitó, el Consejo ha recibido nuestro informe, A/HRC/49/71, sobre la situación de derechos humanos en Belarús durante el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y en su período posterior.  Con el apoyo y asesoramiento de tres expertos, a los que estoy agradecida, la Oficina ha encontrado pruebas abundantes de violaciones de derechos humanos cometidas entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021.  También hemos organizado y conservado una enorme cantidad de material relacionado, con vistas a facilitar una futura petición de responsabilidades. 

Sr. Presidente, 

Las protestas a gran escala tuvieron lugar tras la declaración de la victoria del presidente en las elecciones del 9 de agosto de 2020.  El Gobierno respondió con grandes represalias, que incluyeron un uso extenso y excesivo de la fuerza. 

Entre el 9 y el 14 de agosto, al menos siete miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo a servicios de seguridad presidencial, estuvieron implicados en la respuesta a las protestas pacíficas que tuvieron lugar en las seis regiones administrativas de Belarús.   Varios manifestantes fueron golpeados hasta perder la consciencia.  Armas para el control de disturbios tales como granadas de concusión y balas de acero revestidas de goma fueron disparadas directamente contra los manifestantes, causando numerosos heridos graves.  Hombres que vestían uniformes negros sin insignia, y con pasamontañas, también participaron en ataques violentos contra los manifestantes. 

Fuentes dignas de confianza indican que al menos tres personas murieron en el contexto de estas protestas, como resultado de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza.  Las autoridades han declinado su responsabilidad por estas muertes, aunque aparentemente no se ha llevado a cabo ninguna investigación. 

Durante esos cinco días, cerca de 13.500 personas fueron detenidas, incluyendo a 700 niños.  Muchos de los detenidos sufrieron palizas repetidas y prolongadas usando porras durante su transporte a y en las comisarías de policía y centros de detención.  En otras muchas localidades se usaron iguales formas de tortura y malos tratos, lo que sugiere un uso extendido y sistemático de prácticas de tortura y malos tratos con el fin de castigar y disuadir a personas por su oposición real o supuesta al gobierno. 

Nuestras averiguaciones incluyen la violación de detenidos, además de otras formas de violencia sexual y de género ejercida tanto contra hombres como mujeres. Informes médicos revisados por ACNUDH indican lesiones y otras heridas en la zona de genitales masculinos que son coherentes con la aplicación de torceduras contundentes y con la violación.  También se utilizó la violencia psicológica, incluyendo amenazas de violación, contra los detenidos. 

Entre el 9 y el 14 de agosto, se celebraron numerosos juicios a puerta cerrada y sumarios en centros de detención sin que existieran las mínimas garantías procesales.  De acuerdo con la versión de muchos acusados, estos juicios a menudo duraban unos pocos minutos.  Con algunas pocas excepciones, los jueces ignoraron la versión de los acusados, a pesar de las lesiones visibles, cuando estos alegaron que habían sido torturados o maltratados. 

A finales de 2021, 969 personas estaban en prisión por acusaciones sobre las que la Oficina tiene motivos razonables para creer que tenían una motivación política.  Algunas de estas personas recibieron penas de prisión de 10 o más años.  Esta cifra ha seguido incrementándose, alcanzando los 1085 el 6 de marzo. 

La Comisión de Investigación de Belarús, un organismo nacional que es nominalmente independiente del Ministerio del Interior, ejerce la autoridad en los procedimientos penales previos a juicio.  Nuestra Oficina habló con diversas personas que presentaron acusaciones de tortura o malos tratos a este Comité tras su puesta en libertad.  Todas estas personas fueron informadas posteriormente de que sus acusaciones habían sido desestimadas, y varios declararon que habían sido posteriormente sometidos a represalias, incluyendo en algunos casos acusaciones penales y administrativas.  Se disuadió a muchas de las víctimas de que presentaran denuncias, o se les amenazó para que no lo hicieran. 

En agosto de 2021, la Comisión de Investigación anunció que había recibido cerca de 5.000 denuncias relativas a un supuesto maltrato durante la segunda mitad del año 2020, y que todas ellas habían resultado desestimadas. 

A estas miles de víctimas les quedan pocas vías relevantes para conseguir justicia, dada la falta de independencia del poder judicial; la negación del derecho a un juicio justo así como la intimidación hacia los abogados. 

Sr. Presidente, 

Nuestro examen reveló que el Gobierno asedió y persiguió a personas que ejercían su derecho a la expresión, reunión pacífica, asociación y participación en asuntos públicos a lo largo de todo el período que abarca el informe, y continúa haciéndolo. 

Se están dictando detenciones administrativas de hasta 15 días por expresiones tales como publicaciones en redes sociales. 

Las protestas que se sucedieron durante el Referendum Constitucional del 27 de febrero de 2022 fueron dispersadas, y se registraron al menos 908 personas detenidas. 

Las autoridades han reprimido también de forma masiva los medios independientes y la sociedad civil, efectuando redadas y cerrando medios de información; liquidando grupos independientes de la sociedad civil incluyendo a las organizaciones principales de derechos humanos; y presentando cargos contra periodistas y defensores de derechos humanos. 

En enero, el número de organizaciones que se cerró fue de 344, y una reciente enmienda al Código Penal ha penalizado la participación en actividades de organizaciones no registradas o cerradas.  1085 personas se encuentran actualmente en prisión por cargos basados en motivos políticos – entre los que se incluyen defensores de derechos humanos, 

periodistas, miembros de la oposición y ciudadanos comunes que habían disentido públicamente.

Sr. Presidente, 

Nuestro examen ha concluido que el Gobierno ha intentado suprimir toda forma de crítica, y que ha intentado activamente impedir que se haga justicia, que se deriman responsabilidades así como que se conozca la verdad sobre las violaciones cometidas. 

Dada la ausencia de investigaciones eficaces, no es posible esperar de forma razonable que los sistemas nacionales vayan a impartir justicia. 

La escala y patrones de las violaciones identificadas en este informe; su carácter generalizado y sistemático; y las pruebas de una política oficial al respecto de su puesta en marcha colectiva por parte de múltiples órganos estatales, justifica una evaluación posterior, incluso desde la perspectiva del derecho penal internacional aplicable.

Además de las recomendaciones realizadas en mi informe de marzo de 2021, insto al gobierno de Belarús a poner en libertad de forma inmediata a todos los prisioneros condenados por motivos políticos, así como a cesar todas las demás violaciones de derechos humanos en curso, incluyendo la represión sistemática de la sociedad civil, los medios independientes y los grupos de la oposición. 

Asimismo, hago un llamamiento a que se realicen investigaciones urgentes, efectivas, transparentes e independientes sobre todas las violaciones y crímenes pasados de derechos humanos en virtud del derecho nacional o internacional, y que se establezcan recursos adecuados para su solución.  Dadas las actuales circunstancias en Belarús, otros Estados Miembros pueden colaborar también de forma complementaria hacia la rendición de cuentas a través de procesos nacionales, basados en principios aceptados de jurisdicción extraterritorial y universal, acordes a las normas internacionales. 

Solamente un diálogo inclusivo puede allanar el camino hacia un futuro sostenible para todos los belarusos.  Pido a todos los Estados a que animen a las autoridades de Belarús a que adopten e implementen las recomendaciones dirigidas al país, como paso necesario para conseguir este fin.