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Declaración realizada por Nada Al-Nashif
Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
14 de diciembre de 2021
Ginebra, Palais des Nation, Sala XX
Distinguido Presidente del Consejo,
Excelencias,
Colegas, Amigos,
El pueblo de Afganistán se enfrenta en la actualidad a una profunda crisis humanitaria que amenaza los derechos humanos más básicos. La vida económica se ha visto paralizada en su mayor parte con el colapso del sistema bancario y una crisis grave de liquidez. Ahora que el invierno ya ha llegado, mujeres, hombres, niños y niñas se enfrentan a pobreza y hambre severas, y a unos servicios públicos limitados y deteriorados, en especial en la atención sanitaria. Conforme a más afganos les cuesta satisfacer sus necesidades básicas, las personas en situaciones vulnerables, especialmente los hogares encabezados por mujeres y los niños, se ven obligadas a adoptar medidas desesperadas, que incluyen el trabajo infantil, el matrimonio de niños para asegurar su superviviencia e incluso, según varios informes, la venta de niños.
La situación se ve agravada por el impacto de las sanciones y la congelación de los activos estatales. Las difíciles decisiones políticas que los Estados Miembros tienen que tomar en esta coyuntura crítica, para evitar el colapso económico, son literalmente de vida o muerte. Estas decisiones definirán la vía de Afganistán hacia el futuro.
Excelencias,
Hasta agosto, mi Oficina continuó registrando las consecuencias que el conflicto tiene para los civiles. Antes de la toma del poder por parte de los Talibanes, ese año ya se había alcanzado el mayor número de víctimas civiles registrado, donde las mujeres y niños representan cerca de la mitad de todas las víctimas civiles. Desde agosto, el daño realizado a los civiles por los combates ha disminuido cierto grado, pero no obstante los civiles siguen siendo víctimas y continúan en peligro a la vez que se siguen produciendo crueles campañas de ataques letales por parte del grupo armado del Estado Islámico del Gran Jorasán (ISIS-KP) así como por otros grupos armados.
Estoy también consternada por los continuos informes de asesinatos extra-judiciales por todo el país, a pesar de la amnistía general anunciada por los Talibanes después del 15 de agosto. Entre agosto y noviembre, recibimos denuncias verosímiles de más de 100 asesinatos de anteriores fuerzas de seguridad nacionales afganas y de otras personas asociadas con el Gobierno anterior, donde al menos 72 de estos asesinatos se atribuyen a los Talibanes. En varios casos, se exhibieron públicamente sus cuerpos. Este hecho ha agravado el miedo en este porcentaje considerable de la población.
Solamente en la provncia de Nangarhar, se cree que han habido al menos 50 asesinatos extra-judiciales de personas sospechosas de ser miembros del ISIS-KP. Se ha informado de métodos brutales de asesinatos, incluyendo ahorcamientos, decapitaciones, así como exhibición pública de cadáveres.
Me preocupa enormemente el riesgo continuo de reclutamiento de niños por parte del ISIS-KP, así como por las autoridades de facto , ya que cada vez se ven más niños entre las fuerzas de seguridad en los puestos de control, como guardaespaldas y en funciones militares. Los niños siguen suponiendo casi la totalidad de los civiles asesinados y heridos por municiones sin explotar.
Excelencias,
A la vez que la toma del poder por los Talibanes ha supuesto un fin complicado de la lucha contra las fuerzas gubernamentales en el país, la situación actual deja a la población poco protegida en cuestión de derechos humanos. Las mujeres y las niñas en especial se enfrentan a una gran incertidumbre con respecto a los derechos a la educación, a ganarse la vida y a la participación, derechos en los que habían conseguido importantes avances en las últimas dos décadas.
El decreto sobre los derechos de las mujeres emitido por las autoridades de facto el 3 de diciembre representa un mensaje importante pero deja sin resolver numerosas cuestiones. Por ejemplo, no deja claro si hay una edad mínima para contraer matrimonio, ni tampoco hace mención a otros derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo, a la libertad de movimiento, o a participar en la vida pública.
En concreto, con respecto a la educación, según UNICEF, de los 4,2 millones de niños afganos que ya han abandonado los estudios, el 60% son niñas. El descenso en la asistencia de las niñas a las escuelas secundarias ha sido pronunciado, incluso en provincias donde las autoridades de facto permiten a las niñas asistir a clase. Esto se debe en parte a la ausencia de mujeres profesoras ya que en varios lugares, como por ejemplo Bamyan, las niñas ahora solamente pueden tener profesores que sean mujeres. Otros 8,8 millones de niños están en riesgo de dejar de recibir educación debido al impago de los salarios a profesores y el cierre continuo de los colegios.
A la mayor parte de las mujeres, excepto por algunas profesoras, trabajadoras sanitarias o en ONGs, se les tiene prohibido trabajar, y no pueden vender productos en el mercado debido al cierre por las autoridades de facto de los bazares operados por mujeres. Muchas mujeres y niñas afganas tienen que ir acompañadas ahora por un familiar masculino siempre que salgan de sus hogares. Estas normas son aplicadas de forma estricta en algunos lugares, pero no en todos los sitios.
La participación continuada de las mujeres en todos los aspectos de la vida será fundamental para el futuro de Afganistán. Los socios de las Naciones Unidas han calculado que impedir que las mujeres trabajen podría contribuir a una pérdida económica inmediata de hasta 1.000 millones de dólares americanos, o lo que equivale hasta el 5% del PIB del país. Conforme un número cada vez mayor de niñas son relegadas, el daño económico y social perdurará en las generaciones futuras. Insistir en el respeto por los derechos humanos de los afganos, incluyendo a mujeres y niñas, no es solo una prioridad de derechos humanos, es una prioridad para el desarrollo, una prioridad económica, y es vital para la perdurabilidad de cualquier paz futura y la estabilidad del país.
La Alta Comisionada y yo misma estamos profundamente consternadas por el aumento de denuncias que recibimos que informan de mujeres víctimas de violencia que no pueden acceder a seguridad y justicia para ellas. Los hogares de acogida de mujeres en Afganistán han sido cerrados, y la mayor parte de los casos de violencia y las prácticas dañinas contra mujeres y niñas no serán denunciados cada vez más o serán dejados en manos de los mecanismos tradicionales de resolución de disputas para su resolución.
También nos preocupan los informes de desalojos forzados locales y de desplazamientos relacionados desde mediados de agosto, que afectan de manera especial a los Hazara y otras minorías. Estos desalojos parecen originarse en antiguas disputas por tierras y han sido aparentemente facilitados o tolerados por las autoridades de facto locales.
Excelencias,
La floreciente sociedad civil de Afganistán ha sido también desarraigada y atacada. Desde agosto, han sido asesinados al menos ocho activistas de la sociedad civil y dos periodistas, y otros han resultado heridos en ataques perpetrados por hombres armados sin identificar. La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA) ha documentado 59 detenciones aparentemente arbitrarias, palizas y amenazas contra activistas de la sociedad civil, periodistas, y empleados de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán atribuidos a las autoridades de facto . Algunos defensores de los derechos de las mujeres han sido amenazados, y existe además un miedo generalizado a represalias desde que ocurriera la violenta represión de las protestas pacíficas de mujeres en septiembre. En algunos casos, familiares y parientes de actores de la sociedad civil y de defensores de derechos humanos han recibido amenazas e intimidación. Numerosos medios de comunicación han sido cerrados y muchos grupos de la sociedad civil también han sido desmantelados.
La Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán lleva inoperativa desde agosto, y el Colegio Independiente de Abogados en el Afganistán se enfrenta a una pérdida de independencia tras la decisión de las autoridades de facto de administrar sus actividades a través del ministerio de justicia de facto .
La seguridad de los jueces, fiscales, y abogados, en particular de las mujeres profesionales legales, es una cuestión especialmente alarmante. Muchas están actualmente escondidas por miedo a represalias, incluyendo por parte de prisioneros condenados puestos en libertad por las autoridades de facto , especialmente hombres condenados por violencia de género.
Mientras tanto, aspectos críticos del sistema de justicia penal siguen estando poco claros, incluyendo la función de los fiscales y los abogados defensores, así como la aplicabilidad del código de procedimiento penal. Mientras que los Talibanes pusieron en libertad a muchos prisioneros durante las primeras semanas, el limbo actual en el sistema de justicia penal empeora el retraso en los procedimientos y el hacinamiento de las prisiones.
Excelencias,
La forma en que las autoridades de facto , y la comunidad internacional, hagan frente a las drásticas crisis económicas y humanitarias en el país determinará el nivel de disfrute de los derechos humanos que conseguirán los afganos, ahora y en el futuro. Esto marcará la diferencia entre poder tener vidas con dignidad y bienestar plenos, o que se acelere aun más las privaciones, la injusticia y la pérdida trágica de vidas.
El respeto de las autoridades de facto por y la protección de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en Afganistán, sin discriminación alguna, es pieza fundamental para garantizar la estabilidad. El no defender los derechos humanos conducirá inevitablemente a mayores convulsiones y malestar social, y retrasará el desarrollo de Afganistán.
Además, como miembro de la comunidad internacional, Afganistán está sujeto a las obligaciones internacionales existentes de los tratados que ha ratificado. Las obligaciones sujetas a estos tratados siguen siendo vinculantes, independientemente de las autoridades concretas que ejerzan el poder efectivo.
Nuestra Oficina, a través de la UNAMA, mantiene a sus empleados en el terreno para poder ofrecer información creíble e imparcial. Nosotros colaboramos de una forma directa y constructiva con las autoridades de facto para abogar por cuestiones críticas y ofrecer asesoramiendo apropiado. Estos primeros contactos nos han animado a seguir adelante. Es vital que los miembros del Consejo apoyen la continuación de nuestra presencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el terreno y es importante que derechos humanos trabajen en esta coyuntura crítica por el bien del pueblo de Afganistán.
A la luz de la evolución de la situación en el país, nuestra Oficina permanece disponible para seguir debatiendo con miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos lo antes posible en el año próximo.
Gracias.
