Retorno


49º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Actualizaciones orales e introducción a los informes de países de la Alta Comisionada y su Oficina sobre Colombia, Guatemala, Honduras, Chipre y Eritrea

Retorno

8 marzo de 2022

Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

8 de marzo de 2022

Sr. Presidente,
Excelencias,

Tengo el honor de presentar los informes de mi Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Guatemala, Honduras y Chipre. También pondré brevemente al día al Consejo sobre los progresos realizados en la cooperación entre Eritrea y mi Oficina y su impacto en los derechos humanos en el país.

Empiezo con mi informe anual (A/HRC/49/19) sobre Colombia.

2021 marcó el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo). Desde la firma del Acuerdo se dieron pasos significativos para la consolidación de la paz, la democracia y la participación política, en particular la desmovilización de las FARC-EP y su constitución en un nuevo partido político, así como la creación de las 16 "curules para la paz" en el Congreso para las víctimas del conflicto armado.

Hago un llamado a que el Gobierno garantice el derecho a participar en las próximas elecciones en un ambiente libre de amenazas y de violencia.

Celebro los muy importantes desarrollos en materia de justicia transicional alcanzados por la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas. Sus contribuciones han sido esenciales para los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Insto a que las autoridades apoyen este trabajo independiente y protejan a las víctimas y testigos que participan en el proceso de justicia transicional y a las personas que integran estas instituciones.

A pesar de estos avances, quedan aún muchos desafíos. Durante 2021, mi Oficina ha observado con preocupación un aumento de la violencia contra comunidades rurales y líderes sociales, en un contexto de continua expansión territorial por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Los pueblos indígenas y afrodescendientes han sido particularmente impactados.

En 2021, mi Oficina documentó 78 masacres y 100 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Además, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha reportado 54 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP en 2021.

Hago un llamado a que el Gobierno establezca con urgencia una presencia más integral de las autoridades estatales civiles en los territorios más afectados por esta violencia. Además, es urgente que el Gobierno adopte, en consulta con la sociedad civil, una política de desmantelamiento de las organizaciones criminales y fortalezca su respuesta a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.

En 2021, mi Oficina documentó también 54 casos de privaciones arbitrarias de la vida por parte de la Fuerza Pública, incluyendo 28 casos que se dieron como resultado del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas del Paro Nacional. Aliento a que el Gobierno implemente las recomendaciones del informe publicado por mi Oficina en diciembre de 2021, incluida la necesaria reforma policial, y a que se garantice el derecho de reunión pacífica mediante el respeto estricto de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

Asimismo, invito al Gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la tierra de las víctimas del conflicto armado a través de la implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo de paz.

Mi Oficina valora la cooperación continua con las autoridades y la sociedad civil colombianas y sigue a disposición para apoyar la implementación de las recomendaciones contenidas en mi informe.

Paso ahora a mi informe sobre Guatemala (A/HRC/49/20).

Guatemala sigue enfrentando serios desafíos en materia de derechos humanos. La pandemia del COVID-19 ha exacerbado las desigualdades y ha aumentado los niveles de pobreza en el país, en particular entre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con empleos informales, una situación que requiere la atención urgente de las autoridades.

A lo largo de 2021 continuaron los ataques y la persecución judicial en contra de operadores de justicia por su legítima labor, incluso a través del uso frecuente de antejuicios. Además, en los últimos meses, mi Oficina observó un incremento de ataques contra fiscales, abogadas y abogados por sus investigaciones en casos de corrupción e impunidad y casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Estos ataques representan un patrón preocupante que socava el Estado de derecho y la independencia judicial. Pese a que en 2021 se produjo la elección de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sigo preocupada por la falta de avances en la elección de las juezas y los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, un proceso que ha sido retrasado por casi tres años.

Sin embargo, saludo los avances realizados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, y aliento a las autoridades a seguir avanzando en los casos pendientes.

El espacio cívico continuó reduciéndose, y aumentaron los ataques y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El año pasado, mi Oficina documentó 103 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y seis asesinatos, así como 33 ataques contra periodistas. Es fundamental que las autoridades tomen medidas para reforzar la legislación y las políticas de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

También estoy alarmada por el aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las niñas en Guatemala en 2021. El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público registró 60,089 casos de violencia contra mujeres y 478 femicidios. Mi Oficina tuvo conocimiento de al menos 29 personas LGBTI asesinadas. Estos altos niveles de violencia requieren que las autoridades tomen medidas inmediatas de prevención y protección.

Por último, aliento al Gobierno de Guatemala a seguir cooperando con todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU y regionales. Mi Oficina continuará dando apoyo y asistencia técnica al Gobierno, a las instituciones del Estado y a diferentes actores para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el país.

Sr Presidente,
Excelencias,

Permítanme continuar con mi informe sobre Honduras (A/HRC/49/21).

La situación de los derechos humanos en Honduras en 2021 estuvo marcada por el aumento de la pobreza, las desigualdades generalizadas, la impunidad y la corrupción, la discriminación constante y los altos niveles de violencia.

Las elecciones pacíficas y con un alto nivel de participación realizadas el 28 de noviembre, llevaron al poder a la primera mujer Presidenta de Honduras. Sin embargo, la violencia preelectoral fue motivo de gran preocupación, con 69 incidentes registrados por mi Oficina, incluidos 30 asesinatos. Subrayo la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos.

Me preocupa la instalación en enero de dos Juntas Directivas en disputa por el control del Congreso Nacional, pero celebro el reciente diálogo entre las partes para resolver la situación. Hago un llamado a las autoridades para consolidar el estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Deploro las 318 muertes violentas de mujeres y las 28 muertes violentas de personas LGBTI registradas por mi Oficina, y pido que se lleve a cabo una investigación pronta y exhaustiva. También deploro los ataques y amenazas contra 302 personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, 10 de los cuales fueron asesinados el año pasado.

Si bien celebro el veredicto sobre el asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, me preocupa la falta de independencia judicial y de acceso a la justicia de las víctimas en otros casos relacionados con los derechos humanos. Insto al Gobierno a que mejore las políticas para reforzar la protección de todas las personas que defienden los derechos humanos.

En todo el país, los altos índices de pobreza aumentaron aún más: del 64,7% en 2019 al 73,6% en 2021. Al menos el 41% de los niños en edad escolar no accedieron a la educación formal y quedaron fuera del sistema educativo en el contexto de la pandemia del COVID-19, ya que carecen de acceso a internet y a dispositivos electrónicos.

La corrupción en Honduras también sigue siendo un grave problema estructural que socava el Estado de Derecho. Me preocupa especialmente la promulgación del Decreto 93-2021 que reformó varias leyes. Esto facilitó la excarcelación y la absolución de varios ex funcionarios que habían sido acusados y condenados por delitos relacionados con la corrupción, y también restringió el espacio cívico.

Por último, me alarma que los conflictos de tierra entre las empresas extractivas y las comunidades sigan provocando ataques contra personas defensoras del medio ambiente y de la tierra, así como desalojos forzosos. Insto encarecidamente al Gobierno a construir un modelo económico equitativo y sostenible que garantice los derechos de las comunidades afectadas y contribuya a la calidad de vida de la población en general.

I now move to my report on Cyprus (A/HRC/49/22).

The ongoing division of Cyprus continues to hinder the enjoyment of human rights for all people across the island. The report underscores continuing concerns with respect to the right to life; the issue of missing persons; the right to non-discrimination; the freedoms of movement, opinion and expression, and religion or belief; the right to seek asylum; property rights; the right to education; and the right to participate in cultural life.

It also reiterates the importance of the full, equal, and meaningful participation of women in the peace process.

The COVID-19 pandemic and related restrictions have exacerbated existing human rights challenges and limited direct engagement for people in Cyprus, with people in vulnerable situations being disproportionately impacted. At the same time, the pandemic provides a key opportunity to build back better with human rights at the centre of the response.

While I welcome the agreement reached last June to reopen all crossing points that were closed because of the pandemic, it is also paramount that renewed efforts are made to recover the prior progress achieved in trust building between communities.

I commend the efforts of all those who continued to work in the face of these challenges to advance human rights for all people living in Cyprus. They include civil society, religious leaders and faith-based actors, and many bicommunal initiatives. I also note that responses on both sides of community - including religious, political and human rights actors - have counterbalanced politically or ethnically motivated attacks.

However, I am concerned that there has been only limited progress in realizing the right to the truth for the families of missing people. I encourage enhanced efforts to further address this. I also urge and call upon all parties to redouble efforts for mutual dialogue and cooperation. These are the foundational pillars to ensure sustainable peace and to guarantee that all people in Cyprus can equally enjoy their rights.

Excellencies,

I will conclude with my oral update on cooperation between Eritrea and my Office, and its impact on the situation of human rights (A/HRC/47/L.14).

I regret the very limited progress in any engagement over the past five years. However, in January 2022, our Regional Representative for East Africa was able to take part in a joint UN mission as part of the launch of Eritrea's UN Sustainable Development Cooperation Framework.

Our Representative noted some positive justice system reform initiatives underway. For example, a new criminal procedure law is being finalised that increases compliance with international human rights standards.

As the Council will recall, following a series of engagements and missions in 2015 and 2016, the Eritrean authorities identified three priority areas for cooperation with my Office. They were strengthening the judiciary; improving the human rights of people with disabilities; and improving access to water and sanitation. My Office has repeatedly offered support in all three areas. In 2017, we developed a detailed roadmap to strengthen the administration of justice and to contribute to an enabling environment for the advancement of human rights.

We have also offered our technical support to assist the Government to implement recommendations made by the Universal Periodic Review. During an interactive dialogue in the Council session in July last year, the representative of Eritrea stated that his Government was ready to engage with my Office on the three priority areas, as well as on the roadmap for cooperation. He requested that that my Office revise the roadmap, yet as of today, the authorities have not responded to our requests for discussion on this.

My Office has also sought dialogue with Eritrea in the context of the joint UN Human Rights and Ethiopian Human Rights Commission (EHRC) report into the conflict in the Tigray region, which found allegations of human rights violations committed by Eritrean troops. There was no direct response to our request for dialogue, and the Eritrean Minister of Information issued a public rejection of the joint report following its publication.

To our knowledge, there have been no steps towards accountability for the violations of human rights and humanitarian law allegedly committed by the Eritrean Defence Forces in the Tigray conflict.

In this context, I am grateful that Eritrea's UN Sustainable Development Cooperation Framework brings a new opportunity for my Office to help fulfil this critical human rights agenda. I renew our offer of technical cooperation, and I urge the Government to facilitate another OHCHR technical visit to the country as soon as possible. I also call on the Government to engage with all Special Procedures mandate-holders, including the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea.

Excelencias,

Con esto concluye mi presentación de los informes de los países y las actualizaciones del punto 2. Insto a las partes interesadas a que apliquen sus recomendaciones.

Gracias.

Retorno

Retorno

No